Más horas de trabajo, no tienen porque significar una mayor productividad. Esa es la conclusión a la que han llegado en un estudio de la OCDE.
Según este organismo, existen países donde se trabajan menos horas y son mucho más productivos que otros con jornadas laborales más largas. Debido a esto, el Gobierno ha decidido poner en marcha el programa piloto que durará 2 años aproximadamente y que consiste en una semana laboral de cuatro días laborables, pero sin reducción de salario, compensado con ayudas públicas que alcanzan los 10 millones de euros (150.000 euros por pyme) y que costearán parte de los gastos salariales y de otros tipos, para que la reducción de jornada no afecte a dichas empresas.
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) constituidas en España y cuyo domicilio fiscal y principal centro de trabajo esté en el país. Deberán, además, no formar parte del sector público, estar inscritas en el registro correspondiente y que, durante al menos lo últimos 3 años, desarrollen una actividad industrial.
Quedan excluidas las que no estén al corriente del pago de obligaciones de reembolso de otras ayudas públicas y/o empresas en crisis.
Las empresas que participen finalmente en este ensayo deberán cumplir con una serie de compromisos:
-Reducir la jornada laboral ordinaria a tiempo completo un mínimo del 10% en cómputo semanal.
-El recorte deberá afectar al menos al 30% de la plantilla en empresas de hasta 20 personas; y como mínimo al 25% en caso de plantillas de entre 21 y 50 empleados.
-La reducción deberá durar los 2 años completos que dura el proyecto piloto.
Una comisión de la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) será la encargada de establecer los criterios de evaluación e instruir y resolver las concesiones de estos proyectos. Entre los criterios a tener en cuenta para sumar puntos están:
Deberán colaborar con las actuaciones de comprobación y control de la documentación del proyecto, así como conservar las facturas completas durante 4 años y estar al corriente de pagos tributarios y de la Seguridad Social.
El incumplimiento de los requisitos incluidos en la convocatoria, o la resistencia u obstrucción a las actuaciones de comprobación que deba hacer la EOI, implicará la obligación de devolver los importes percibidos más los intereses de demora.
