Esta nueva ley, que entró en vigor el pasado 13 de marzo, regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y que luchen contra la corrupción. Para ello, obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a habilitar un buzón específico para que los empleados o cualquier persona que haya tenido algún tipo de vinculación laboral con la empresa, pueda denunciar las infracciones cometidas.
Se obligará tanto a las empresas del sector privado como al público, así como a partidos políticos, sindicatos u organizaciones empresariales.
La normativa dice que las empresas y negocios tienen un plazo máximo de 3 meses para implantar este nuevo buzón, a excepción de las medianas empresas que tendrán hasta el 1 de diciembre.
Esta es la clave de las discusiones en torno a esta nueva ley.
La Comisión Europea destaca que el actual texto sólo protege a los denunciantes de “delitos graves y muy graves”, dejando fuera muchas otras conductas. El texto de la ley, de hecho, especifica que solo dará protección a quienes denuncien por canales oficiales con lo que si un informador opta por alertar de un caso ilícito mediante otra vía no se vería protegido.
