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Cuando un juzgado declara improcedente un despido, se abre un escenario con decisiones rápidas y plazos perentorios. Elegir entre readmitir o indemnizar no es solo una estrategia: conlleva efectos legales y económicos inmediatos. Esta guía resume, de forma práctica, qué debe hacer la empresa, cómo protegerse la persona trabajadora y cuál es el criterio fijado por el Tribunal Supremo sobre el cómputo de plazos.
Improcedencia: derecho de opción y deber de decidir
Ante un despido improcedente, la empresa debe optar en cinco días hábiles entre readmitir o indemnizar (con carácter general, 33 días por año). Si no comunica su decisión en ese plazo, se entiende que opta por la readmisión de forma tácita conforme al Estatuto de los Trabajadores. Ese silencio activa la siguiente obligación: organizar y notificar la vuelta al puesto dentro del plazo legal.
Comunicación de la vuelta: qué, cómo y cuándo
Ejercitada la opción por la readmisión, el art. 278 LRJS obliga a la empresa a comunicar por escrito la fecha de reincorporación en el plazo de diez días desde la notificación de la sentencia que declara la improcedencia (sea opción expresa o tácita). Además, la fecha señalada no puede ser anterior a tres días desde que la persona trabajadora recibe la comunicación, para garantizar un margen mínimo de reacción y organización.
¿Qué pasa si se llega tarde? La readmisión irregular
El incumplimiento del plazo de diez días convierte la readmisión en irregular y abre la vía de ejecución por readmisión irregular. Las consecuencias son relevantes:
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La relación laboral se extingue por resolución judicial.
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La empresa debe abonar la indemnización por despido improcedente, calculada con la nueva fecha de extinción fijada por el juzgado.
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Se devengan salarios de tramitación desde la fecha de la sentencia hasta el auto que declara la extinción.
Se trata de un plazo preclusivo: una vez vencido, no es subsanable.
Hoja de ruta para la persona trabajadora
Si la empresa no comunica la readmisión en los diez días, la persona trabajadora debe acudir al Juzgado de lo Social que dictó la sentencia y solicitar la ejecución al amparo del art. 279 LRJS. El procedimiento típico incluye:
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Escrito para que se declare la readmisión irregular.
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Comparecencia con práctica de pruebas.
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Auto que declara la extinción con nueva fecha de efectos
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Condena a la empresa al pago de la indemnización recalculada y de los salarios de tramitación.
Con ello se protegen los derechos del trabajador y se aseguran las consecuencias económicas del retraso empresarial.
Doctrina del Tribunal Supremo sobre el cómputo
La STS 3930/2025, de 10 de septiembre, unifica criterio: el plazo de diez días para comunicar la readmisión empieza a contar desde la notificación de la sentencia de instancia, aunque no sea firme. Retrasarlo hasta la firmeza generaría inseguridad y dilataría la ejecución. Por tanto, si la empresa no cumple en plazo, procede la extinción, con obligación de abonar indemnización y salarios de tramitación hasta el auto.
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