El Tribunal Supremo endurece los requisitos para el incremento del 20% en pensiones del RETA

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha fijado un precedente relevante respecto a las condiciones para acceder al aumento del 20% en la pensión de incapacidad permanente total dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

La resolución TS 138/2017 establece que la carga de la prueba recae en el pensionista, quien debe demostrar el cumplimiento de tres requisitos esenciales. En este sentido, el alto tribunal ha determinado que, para obtener el beneficio conocido como «incapacidad permanente total cualificada», no basta con cumplir 55 años y no desempeñar una actividad remunerada. Además, el solicitante deberá acreditar que no es titular de ningún negocio mercantil, industrial o explotación agraria, ya sea en calidad de propietario, arrendatario o usufructuario.

Fundamentos de la Sentencia

La sentencia subraya que el objetivo del legislador es impedir que los pensionistas continúen percibiendo ingresos derivados de actividades económicas. Esto busca evitar que quienes han cesado en su labor principal en el RETA sigan beneficiándose de explotaciones comerciales, industriales o agrarias, lo que supondría un incumplimiento del espíritu de la norma.

El fallo judicial establece un precedente clave, pues deja claro que la responsabilidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos recae completamente en el solicitante. Esta postura ha sido respaldada en resoluciones previas, como el Auto del TSJ de Madrid, que recalca la necesidad de acreditar estas circunstancias para mantener el incremento en la pensión.

Implicaciones y Análisis

Desde el punto de vista práctico, esta decisión judicial impacta directamente a los trabajadores autónomos que buscan acceder a este aumento del 20%. La exigencia de que el propio pensionista deba demostrar que no mantiene actividad mercantil alguna supone una carga adicional, ya que probar hechos negativos puede resultar complejo.

No obstante, esta medida responde a la intención de garantizar que el sistema de prestaciones se destine exclusivamente a quienes realmente han cesado toda actividad económica. De este modo, se refuerza la integridad del sistema de protección social y se evita un uso indebido de los recursos.

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